MiFID II ya tiene fecha definitiva para su entrada en vigor. El 3 de enero de 2018 está previsto que se ponga en marcha esta nueva normativa comunitaria, entre cuyos objetivos destacan la protección del inversor, mediante la mejora en la transparencia, y una mayor eficiencia de los mercados. Se trata sin duda del gran reto al que se enfrenta la industria de inversión colectiva en los dos próximos años.
Dos son principalmente las cuestiones que impactarán en el modelo de negocio de las entidades: por un lado la prohibición de cobro de retrocesiones en los servicios de asesoramiento independiente y de gestión discrecional de carteras, permitiendo sólo su cobro en la mera comercialización y en el asesoramiento dependiente; y por otro la definición del “mercado objetivo” o “target market”.